Pacto fiscal: Hacienda reduce a la mitad la necesidad de recaudación vía alza de impuestos

En tierra derecha entró el pacto fiscal, definido como el conjunto de proyectos que ingresará el Gobierno para retomar la vía legislativa de la reforma tributaria rechazada en su idea de legislar en marzo pasado en la Cámara de Diputados.

Este jueves, en el marco de nuevas reuniones con partidos políticos, el Ministerio de Hacienda dio cuenta del informe elaborado por la OCDE que define el espacio de reasignaciones de gasto vía mayor eficiencia en el sector público, lo que se agrega a las conclusiones de la comisión liderada por el exministro Manuel Marfán que calculó el aporte del crecimiento a la recaudación fiscal.

Con ambos insumos, el Ejecutivo recalculó la necesidad de recaudación proveniente del proyecto con cambios al impuesto a la renta que ingresará en marzo, desde un 1,2% del PIB a 0,6% del PIB.

El informe de la OCDE establece que el Fisco puede reasignar entre 0,11% y 0,13% del PIB mediante eficiencias del gasto público.

“Lo que antes teníamos como desafío para la reforma de impuesto a la renta de generar el equivalente en términos netos de 1,2% del PIB se reduce a la mitad, 0,6% del PIB”, explicó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, tras concluir la reunión con los representantes de partidos.

Agregó que, en la medida que lo que se requiere es más acotado, es “más abordable desde el punto de vista de política pública y legislativa, así que esperamos que se pueda reflejar en la discusión del pacto fiscal”.

El secretario de Estado planteó que para que eso ocurra se deben implementar las medidas de impulso al crecimiento y de mejora de eficiencia y reforma del Estado.

“Eso requiere apoyo legislativo, no es suficiente con que el Ejecutivo elabore un proyecto. Hay momentos en la historia reciente en que los gobiernos se contentaban con mandar un proyecto y con eso habían cumplido, pero los proyectos deben aprobarse para tener efectos”, planteó.

Marcel señaló que la brecha de 0,6% del PIB que debe ser cerrada por las medidas de reforma del impuesto a la renta “es la tarea que quedó para la reunión del pacto fiscal la próxima semana y con eso vamos a terminar todo el ejercicio de elaborar propuestas en las seis áreas que se compone el pacto fiscal”.

Asimismo, el secretario de Estado ratificó que los proyectos de racionalización del sistema de permisos y el de cumplimiento tributario ingresarán al Congreso antes de fin de año.

Espacio de reasignaciones entre 0,11% 0,13% del PIB

El documento presentado este jueves a los partidos políticos incorpora una serie de recomendaciones para el Gobierno chileno, así como analizar la experiencia de otros países en su intento por liberar espacio de gasto.

“Mientras que aumentar la presión fiscal puede ayudar a destinar financiamiento adicional para políticas sociales, debe ser balanceado pensando en otros desafíos que enfrenta la economía chilena, como las preocupaciones de que los aumentos tributarios pudieran desacelerar las tasas de inversión y el crecimiento económico”, es una de las conclusiones del documento de 39 páginas, elaborado por Álfrún Tryggvadóttir y Andrew Park, de la División de Administración Pública y Presupuesto del organismo con sede en París, Francia.

Las principales sugerencias del organismo multilateral apuntan a institucionalizar y darle mayor periodicidad a las revisiones de gasto en Chile; ligar las evaluaciones de gasto al proceso de diseño del Presupuesto fiscal; monitorear la implementación de los hallazgos en las revisiones de gasto; y establecer una lista de ítems donde se puedan generar ahorros para el Fisco, para lo cual es clave un “mandato político claro” para llevar a cabo estas revisiones, plantea el organismo.

En el documento, el Ejecutivo revela los montos de gasto que prevé que podría liberar para otras prioridades, basado en una serie de ahorros en gastos del sector público como los operacionales, tecnologías e información (TI), bienes raíces y en base a evaluaciones de la oferta de programas estatales.

Así, el Gobierno calcula que en el largo plazo podría reasignar entre un 0,11% y 0,13% del PIB en gastos operativos, lo que equivale a entre US$ 319,8 millones y US$ 392,2 millones.

De este total, la mayoría proviene de ahorrarse cerca de un 3% de los gastos operacionales, lo que equivale a US$ 140,6 millones. Luego vienen gastos en bienes raíces por hasta US$ 83,6 millones y US$ 50,9 millones a través de hallazgos en evaluaciones de programas públicos (ver tabla).